El alquiler de vivienda se ha vuelto tan despiadado que, al final, se ha terminado transformando en el campo de cultivo de multitud de abusos. También de delitos. Uno de los que más impulso está cobrando es la falsificación de nóminas, contratos de trabajo y vidas laborales por parte de algunos inquilinos que no pueden justificar sus ingresos, no tienen contrato indefinido o carecen de la suficiente antigüedad. Es decir, no pasan de ninguna manera el filtro de los caseros, que se han armado hasta los dientes ante el temor a impagos de la renta. Buscan inquilinos con más de un año de antigüedad en la misma empresa y piden nóminas cada vez más altas. “Esto es algo directamente proporcional al encarecimiento del alquiler”, indica Mercedes Robles, directora general de Arrenta, correduría especializada en seguros de impago de la renta.
El delito, penado con cárcel, es muy sencillo de perpetrar gracias a los programas de edición y diseño que están al alcance de cualquier persona. Pero, además, bastan unos pocos minutos para encontrar en internet diferentes anuncios que venden nóminas y contratos falsificados para poder alquilar viviendas.
Florin se publicita en Milanuncios y pide, a través del chat privado de esta plataforma, 180 euros por maquillar tres nóminas. También manipula contratos de trabajo: Por “50 [euros] más”. Florin incorpora en el documento adulterado todos los datos que le proporciona el potencial inquilino: “Indefinido, la antigüedad que quieres y la cantidad que me digas”. El resultado, dice, es bueno. “Hago a mucha gente, sale todo perfecto. Son formatos PDF, iguales a los que te da la empresa”.
Esta ilegalidad no es desconocida, pero hace unas semanas Arrenta alertaba de que el porcentaje de nóminas y vidas laborales maquilladas se había duplicado en 2023. “La razón es que los inquilinos saben que hay pocas viviendas disponibles y muchos candidatos, por eso quieren presentar el perfil económico más sobresaliente para ser elegidos”, explica Robles. Estas prácticas, dice, ya alcanzan el 10% del total de las operaciones (en el dato se tienen en cuenta las propias y las de otras agencias consultadas). “Años atrás nunca superaban el 5%”, añade.
También en Alquiler Seguro, dedicada a la gestión integral del arrendamiento, han notado un alza de estas prácticas. “El aumento ha sido del doble, también debido al aumento de la demanda y la subida de precios”, indica David Caraballo, director general de la agencia. Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) insisten en que colar este tipo de documentación falsa es más fácil cuando se trata de alquileres entre particulares. “En las agencias tenemos elementos suficientes para detectar este tipo de prácticas”, sostiene el presidente, José María Alfaro.
Las principales alteraciones son la modificación de la base de cotización y el importe líquido, cambio de contrato temporal por fijo, maquillaje de la vida laboral y presentación de nóminas de empresas en las que ya no se está trabajando.
En ocasiones el engaño es muy burdo y enseguida salta a la vista. “Utilizan las mismas nóminas para varios inquilinos cambiando los importes o están mal fechadas. Otra anomalía es el uso de diferentes fuentes en el mismo documento. En el caso de las nóminas siempre falta algún dato como la antigüedad o el sello de la empresa está recortado y pegado”, desgrana Caraballo. En los intentos de falsificación detectados por el bufete AGN Abogados “cometían errores en los cálculos o no modificaban los días del mes”, dice Isabel García-Nieto, socia del despacho.
En caso de duda, las agencias y compañías de seguros pueden aplicar otros filtros, como pedir los justificantes bancarios de las nóminas, contrastar importes de las bases de cotización y ver la vida laboral en las páginas web de los organismos públicos, recuerda Robles.
Arrenta cuenta un caso con el que han lidiado en las últimas semanas. El propietario de un piso exigía que el inquilino tuviera un contrato indefinido con una antigüedad superior a dos años. “Se nos presentó un interesado cuyo contrato cumplía con los requisitos exigidos. Cuando cotejamos los datos con nuestras fuentes comprobamos que su verdadera antigüedad era inferior y la empresa nos confirmó que estaba trabajando desde hace poco más de ocho meses y que su contrato era de obra”.
Algo similar le ocurrió a María, propietaria de un piso en el barrio de Ruzafa, en Valencia, que opta por no dar su apellido para no ser identificada. Exigía contrato indefinido y una antigüedad mayor de un año. En junio de 2019 alquiló la vivienda a un profesor cuyas nóminas llevaban el sello de la Generalitat. “No le pedí contrato ni vida laboral al ver la antigüedad de año y medio en la nómina”. En 2020, con la pandemia, dejó de pagar la renta. María descubrió después que “en realidad solo colaboraba de manera puntual en una academia”.
“La realidad es que muchas personas siguen subsistiendo en la llamada economía sumergida. No han podido acceder a una nómina y se ven en la necesidad de falsificarla para alquilar. Pueden pagar, pero no cumplen con los requisitos para entrar”, dice Blanca Palmero, letrada de Vilches Abogados. En este despacho distinguen tres escenarios según su experiencia. Uno es el descubrimiento de la falsificación en el procedimiento judicial. “Recuerdo un inquilino que alegó vulnerabilidad social por lo que solicitamos al juzgado que realizara una averiguación de sus ingresos y patrimonio, y descubrimos que nunca había trabajado para la empresa en cuestión”, narra Palmero.
Seguir la pista
El segundo es el hallazgo de la falsificación mediante una investigación previa al procedimiento judicial. “En caso de impago de la renta contactamos con nuestros compañeros de investigación privada, que realizan un seguimiento y determinan si esas personas trabajan o no en la empresa de la que dicen ser asalariados”, continúa la abogada.
El mejor de los escenarios se da cuando se descubre el engaño antes de firmar el contrato de arrendamiento. “Algunos clientes han tenido una diligencia mayor para comprobar si la nómina es veraz o no; algunos buscan los puestos de trabajo por LinkedIn, redes sociales o incluso contactan con las empresas. Es el caso más atípico y normalmente se da porque el arrendador ya ha tenido alguna mala experiencia”, concluye Palmero.
Si el engaño se descubre antes de firmar el contrato, raramente se denuncia. “Únicamente en ocasiones muy excepcionales se emprenden acciones legales, aunque es cierto que se está incurriendo en falsedad documental”, sostiene Robles. Si el inquilino reside en la casa y ha dejado de pagar la renta, el propietario puede defenderse recurriendo a la vía civil y solicitando la resolución del contrato y la reclamación de la cantidad impagada más los intereses y costas judiciales. También puede acudir a la vía penal, ya que el inquilino ha incurrido en un delito de falsificación de documento privado que puede llevar aparejada pena de seis meses a dos años de prisión.
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