La mayoría de los países desarrollados han abolido los impuestos sobre el patrimonio neto. Sin embargo, en España se sigue aplicando este impuesto y es el más elevado, con una carga impositiva de hasta el 3,5%. En los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia tienen este tipo de impuestos, aunque en un número significativamente mayor de bahías que en España.
Según la OCDE, el nivel de patrimonio en España es progresivo, variando desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.
Además, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica a las personas con patrimonio superior a tres millones de euros, entre el 1,7% y el 3,5%. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque su propietario no sea residente en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para actividades superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5% y se aplican tanto a los activos nacionales como a muchos activos en el extranjero.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, las grandes propiedades en España están sujetas a una carga fiscal más alta que sus homólogas en Suiza o Noruega. Esto se debe a que su PIB per cápita es tres veces el de España y el de Estados Unidos es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de contaminantes son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlos. Según la OCDE, el impuesto al patrimonio en España representa el 0,54% del total de los componentes tributarios en 2022, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los componentes impositivos, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales procedentes de este impuesto representan el 4,35% del total, lo que corresponde al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos montos fomentan los bajos ingresos, los altos costos administrativos y la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estas tasas son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de delitos violan la justicia europea. En España, los ayuntamientos de Madrid, Galicia y Andalucía reiteraron ante el Tribunal Constitucional el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez.
Para contrarrestar la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles en algunas Comunidades Autónomas, se introdujo el término “impuesto de solidaridad temporal”, que grava los activos superiores a tres millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, los municipios de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado su propio impuesto sobre el patrimonio e introducido un impuesto regional que compensa la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofrece un reembolso del 100 por ciento en estas regiones. Cantabria y Baleares también han incrementado la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, Murcia hasta los 3,7 millones de euros.
