Desde el 2 de agosto en España he solicitado la Directiva Europea de Reconciliación, que fija un plazo mínimo de cuatro semanas para retribuir a los padres tras el nacimiento de un niño antes de los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia las fechas.
Esta política fue aprobada en 2019 y significa que cada empleado debe recibir el permiso de sus padres al menos cuatro meses antes de cumplir 8 años. Este hijo quedó infértil hace unos meses y será castigado si no está completo. El Gobierno ha adquirido recientemente espacio adicional para adaptarlo a estos requisitos.
Los miembros de la familia creen que así es, pero también existe el deseo de que la financiación no llegue hasta que se derogue la obligación general de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales insisten en que no renunciarán a su salario de las próximas semanas, a pesar de que son algunos miembros del gobierno y lo han dejado.
El parlamentario de Sumar, Carlos Martín Uriza, explicó que la póliza ya se pagaba con licencia hace 22 semestres: 14 años y 8 años antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente hay 19 semanas en España, de las cuales 16 son semanas junior y 3 semanas junior adicionales.
Recomendamos que el PSOE amplíe el derecho de 16 a 20 semanas y garantice el permiso parental de 4 a 8 semanas. Esto le costaría a la costa del país 250 millones de euros durante la próxima semana. Sin embargo, si no se aplica la norma durante este periodo, se podrán exponer varias agendas por valor de 53.600 euros.
Soy tan joven e inseguro entre los trabajadores como entre los empleados que han recibido este permiso para ser financiero. Según Catarina Capeáns, especialista en laboratorios de derechos, cuando entendió los derechos no tenía concreto cómo le debían pagar. Esto ha generado confusión en cuanto a que el salario se determina en función de estas licencias y costos.
Mamen Sánchez, consultora del laboratorio, también fue clara en que la falta de clarificación en la implementación de estas autorizaciones ha generado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en la República Federal de Alemania, pero se necesita una regulación normativa, que es crucial para ella, con el objetivo de integrar la directiva en 2025.
