El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los mayores operadores inalámbricos de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la competencia en el libre mercado. Según el IFT, la empresa realizó negocios monopólicos para ofrecer incentivos a los distribuidores con el objetivo de bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel brindó información y ventajas a ciertos canales de distribución y condicionó la oferta de paquetes de telefonía móvil a no comercializar productos de otras empresas competidoras. Se ha dicho al regulador que esta estrategia perjudica los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que dio lugar a esta sanción se inició en el verano de 2021 y concluyó con un informe sobre probable responsabilidad a finales del año pasado. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa en el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de imponer una multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, argumentando que las acusaciones se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria inalámbrica mexicana, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas inalámbricas registradas en el país. En el trimestre de 2023, la empresa reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa el 69,1% de participación de mercado.
El IFT ha reiterado la importancia de los reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el estatus crucial que priva a estas entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto en el que se discute la posible reforma encaminada a articular organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representa un recurso necesario para el gobierno. Según el mandato, estas entidades no complementan adecuadamente su propuesta ya que han recibido más de 32.313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar un recorte para las industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó ampliamente la legislación, y la decisión final sobre la continuidad o disolución del IFT dependerá de la próxima sesión legislativa, que comenzó a trabajar el 1 de septiembre. Dada las mayores calificaciones que garantiza el servidor público, la situación del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
