sábado, julio 13

Las empresas cotizadas pagan sus facturas cuatro veces más tarde de lo que les requerirá Bruselas el próximo año | Economía

La Unión Europea inicia la cuenta atrás para que las empresas cumplan con el plazo para sus pagos. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a un millón de pymes y autónomos que a su vez emplean a 4,5 millones de trabajadores, pide a las compañías cotizadas que tomen medidas para reaccionar cuanto antes con el futuro reglamento europeo acerca del plazo de pagos, que se aprobará en el mes de febrero y obligará a pagar a 30 días, con sanciones para quien no los cumpla.

El informe Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados, con datos referidos al primer semestre de 2022, pone de manifiesto que las empresas cotizadas cobran prácticamente en el plazo fijado, a una media de 61 días, pero que esa agilidad en el trámite no se traduce en sus pagos. Esos tiempos de liquidaciones en las facturas “perjudican gravemente a sus proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el presidente de esta plataforma, Antoni Cañete.

“Algunas de estas grandes compañías van acumulando el líquido en lugar de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores, financiándose, en cierta manera, a costa de ellos y vulnerando la ley a través del uso de su posición de dominio”, afirma el dirigente de la PMcM.

Por sectores, el informe presentado este martes plasma que el sector de la información y comunicaciones es el que arroja una mayor demora en la liquidación de sus facturas, con una media de 337 días; seguido por la construcción y actividades inmobiliarias (176 días); en tercer lugar el comercio y la hostelería (132 días); y fuera del ranking se encuentran la industria (78 días) y la energía (72 días).

Por otro lado, los principales sectores de actividad de las empresas cotizadas (IBEX y el resto del mercado continuo) presentan una media de plazos que se encuentra por encima del máximo que permite la legislación actual. El caso más llamativo del informe es el de la información y comunicaciones, que alerta de una mayor demora en la liquidación de las facturas. Los plazos medios de pago de este indicador llegaron a los 337 días durante los primeros seis meses del 2022 (y en el mismo periodo del año anterior a 275 días), por lo que el documento advierte de un aumento del 23%.

Además, Cañete ha denunciado que no se está cumpliendo con los criterios de información para acceder a esas subvenciones. Solo el 34,7% de las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, según el último informe de 2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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