Vuelve el debate sobre el absentismo laboral. Las propuestas de reducir jornada y de sustituir las bajas médicas por auto-bajas automáticas del afiliado (hasta tres días) lo han relanzado.
Es un debate encendido. Empresas, patronales, mutuas e institutos vinculados enfatizan la pérdida de productividad causada por el absentismo. Cierto, pero debe matizarse. En el sentido de que la productividad del factor capital y no la del trabajo es la principal causa del retroceso de la productividad total española, en un 7,3% desde el inicio de siglo: por la baja inversión, la preferencia hacia la inmobiliaria sobre la tecnológica, o la escasez de la dedicada a activos intangibles (Observatorio BBVA/IVIE, enero 2024).
En su línea, el último informe del grupo Adecco (4 de abril) evalúa en el 7,2% el absentismo, a final de 2023, contra un 4,1% en 2013. Ello supondría un coste de 25.326 millones de euros entre cotizaciones empresariales y pagos de la Seguridad Social. La asociación de mutuas AMAT denuncia los “lunes negros”, en que 1,5 millones de personas faltarían a su puesto de trabajo. Y cifra en su informe sobre 2022 los costes de su principal motivo (la incapacidad temporal) en la faraónica cifra de 119.151 millones, sumando el directo, el indirecto y el de oportunidad.
Los sindicatos replican que el coste social del “presentismo” es muy superior al económico del “absentismo”: este supuso una pérdida de cerca de un 2,5% del PIB europeo en 2010, mientras que aquel fue superior, pues “casi 4 de cada 10 trabajadores europeos acudieron a su puesto estando enfermos” (Health and well-being at work, Eurofound).
Argumentan, sobre todo, que hay que diferenciar “ausencia” legal y justificada de “absentismo”. Y que las bases de las estimaciones realizadas por sus rivales son incorrectas y exageradas, pues suelen referirse a las horas no trabajadas. Incluyendo las que no deben computarse por su pleno respaldo legal y social (vacaciones, permisos por matrimonio, maternidad/paternidad…).
La aproximación más solvente se centra en las ausencias por incapacidad temporal, como propone el estudio de Umivale/IVIE (España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa, febrero de 2024). Muy severo, pero menos trágico que otros, recopila que entre 2014 y 2022 el absentismo europeo aumentó un 0,6% anual (un total del 30% en ocho años), mientras que el español lo hizo en 2,1 puntos anuales, duplicándose en el mismo período, hasta el 4,1%. Y que en el tercer trimestre de 2023 alcanzó al 5,5% del total de trabajadores. Induciendo un gasto público del 1,4% del PIB anual (solo por debajo de Alemania, Holanda y Suecia), por el 1,2% en el conjunto de la UE.
Quizá lo más preocupante sea el largo plazo de esas bajas. Durante la covid fueron más de 118.000 quienes “faltaron” más de 100 días; al inicio de 2022, bajaron a algo más de 62.000; y en 2023 volvieron a superar los 100.000. No se ha trabajado bastante en la exploración de las causas de esta alza y en el peso de cada una.
Pero agentes implicados y expertos suelen coincidir en el colapso o largas listas de los servicios médico-sanitarios, que tardan en diagnosticar; en el aumento de los problemas de salud mental; en los bajos niveles de seguridad laboral; y en la permanencia de bajas discutibles y aún fraudulentas. El informe de evaluación del Pacto de Toledo sobre los años 2011 a 2015 estimó una horquilla de un 40% a un 45% de bajas irregulares. Hay tarea.
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