El director general de tasas fiscales del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, estimó que la votación de las nuevas tasas medioambientales podría recaudar 12 millones de euros, de los cuales 8,5 millones para parques eólicos y 3 millones para parques fotovoltaicos. Esto representa una reducción de los 20 millones previstos inicialmente.
Detalles de grabación
Pozuelo ha apuntado que pese a la reducción de las expectativas de conciliación, no se esperan “consecuencias preocupantes” por el buen desarrollo de otros impuestos como el patrimonio y el de sucesiones. La actividad inmobiliaria, que sigue siendo buena, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer cifras iniciales provocó represalias en la implementación de las nuevas obligaciones y cambios regulatorios. Destacó la importancia de contar con datos precisos sobre las dimensiones de las instalaciones para una adecuada regulación.
Cuadrados y proyecciones
Esperan que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque han perdido meses de recuperación. Para el próximo año se estima que los ingresos medioambientales totales podrían ascender a 22 millones de euros.
Reacciones políticas
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios normativos que podrían reducir los sentimientos de vergüenza, señalando que el impacto medioambiental debería compensar las reducciones de otros acusados.
VOX
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que no se correspondía con el consenso alcanzado con el PSOE, lo que habría dificultado la expansión de las energías renovables.
Aragón-Teruel existe
María Pilar Buj se quejó de que la ley no tiene suficientemente en cuenta los impactos ambientales y criticó que las personas que más contaminan no pagan lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro destacó la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el ámbito de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) hizo planes de futuro, sobre todo en proyectos como el del Maestrazgo, que no se pudo cargar correctamente.
La esperada recomendación e implementación de nuevos estímulos ambientales en Aragón ha desencadenado un intenso debate político, reflejando preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de contribuciones fiscales. Las diferentes posturas aumentan la complejidad de gestionar la transición hacia las energías limpias en el marco de la legislación fiscal.