La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos dejarán todos los casos pendientes de “juzgado por juzgado” para garantizar la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales y que están violando la legislación española en un futuro próximo, ha emitido un comunicado. eventos. Esta histórica decisión fue confirmada por la organización.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, demostró la importancia de esta solución del organismo europeo y supervisó la aplicación de la Carta Europea de Derechos Sociales, creada para España en 1996. Por su empresa, la ratificación no quedó plenamente registrada . hasta 2021.
La comisión anunciará una resolución detallada la próxima semana y considera que la legislación española de 2012 proporcionó una compensación adecuada para los condenados injustamente y un elemento disuasorio suficientemente eficaz.
Arceiz critica el sistema de represalias en español, que se ha fijado 33 días antes del inicio de los trabajos, y ve que tienen «preocupaciones importantes» sobre las fechas de flexibilidad y disuasión. En el segundo año, era posible que el despido improcedente fuera «previsible», ya que la obligación de indemnización podía calcularse con antelación y los empleados no se vieron disuadidos de llevar a cabo la expropiación.
El portal de UGT también señala que ha pasado mucho tiempo desde que un empleado resolvió el caso y afectó la recuperación salarial de la obra de reforma de 2012.
Hay debate sobre si la decisión del comité prevalece sobre la del Estado español. Ante Antonio Garamendi, presidente de CEOE y consejero designado, Arceiz defendió su compromiso y defendió que el Gobierno no debe ignorar los compromisos internacionales.
Arceiz ha ordenado al gobierno reformar urgentemente la legislación laboral y está introduciendo cambios que permitirán a los tribunales ajustar las compensaciones a los “daños reales” sufridos por los trabajadores. También proponen eliminar los límites de compensación, fomentar el reempleo y garantizar la mediación judicial más rápida posible para recuperar los salarios.