jueves, mayo 23

Un chalé o tres pisos por 200.000 euros: así consiguen los inversores chinos la ‘golden visa’ | Economía

España dice adiós a los visados de oro. En la última década ha concedido 14.576 golden visa o permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios que han invertido como mínimo 500.000 euros en la compra de vivienda, sin tener en cuenta las cargas y las hipotecas. El Gobierno va a eliminarlos porque considera que estos visados ligados a inversiones inmobiliarias han tensionado el mercado y han contribuido al incremento de los precios y la especulación, algo que cuestionan las empresas del sector.

Los inversores chinos, seguidos de los rusos, son los que más se han beneficiado de este permiso de residencia exprés desde que se puso en marcha en 2013. En total, 2.712 inversores de esta nacionalidad han conseguido la tarjeta de oro desde entonces hasta 2023, según un informe de Transparencia Internacional. Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia han concentrado el 90% de todas las autorizaciones aprobadas.

Hace dos semanas, Diego Vázquez, consejero delegado de la inmobiliaria Mr. House, cerraba la última operación vinculada a una golden visa por parte de un inversor chino, “un gran industrial que tiene una fábrica de pilas en su país y quiere montar un almacén en España”. Ha comprado un chalé en Boadilla del Monte (Madrid) por 975.000 euros para residir en él con su familia.

Vázquez cuenta el caso de otro inversor que ha adquirido dos viviendas en Parla (Madrid) valoradas en 300.000 euros para alquilar por 750 euros al mes y una tercera para residir por otros 300.000 euros, con lo que supera el límite exigido. “Quería una casa cerca de sus negocios”. De los dos centenares de viviendas que vende esta agencia cada año a ciudadanos chinos, el 5% está vinculado a una golden visa, un trámite que externalizan. Aquí trabajan tres comerciales asiáticos, algo fundamental para salvar la barrera del idioma y dar confianza a estos clientes, que son recogidos en el aeropuerto e invitados a una corrida de toros o a un partido de fútbol.

Quienes piden el visado de oro por inversiones inmobiliarias suelen ser empresarios al frente de compañías en China que vienen a España a diversificar. “Buscan establecerse para implementar sus negocios, vender producto chino en Europa de manera legal, sacar capital del país para reducir riesgos ante eventuales contingencias económicas en su país y obtener el visado Schengen que les facilite la movilidad; todo son ventajas”, dice Jorge Martín, socio del despacho de abogados español BGI-LAW. En su opinión, la supresión de estos permisos tendrá un impacto negativo en la inversión en España, pero “el empresario que quiere invertir aquí lo va a seguir haciendo. La golden visa facilitaba mucho las cosas; ahora será un poco más complejo”.

Eduardo Cires, socio de Inmobiliaria Liberty Barcelona, se muestra más pesimista: “Si desean residir en el espacio Schengen tendrán que invertir en Grecia o Italia; en España, prohibido”. En esta agencia especializada en la comunidad china en Cataluña cuentan cómo se realizan las inversiones: “La venta de un piso en Pekín o Shanghái aporta fácilmente una liquidez de un millón de euros, con el que adquieren un piso grande o ático en el centro de Barcelona o una casa con jardín en localidades de costa como Sitges. Adicionalmente, suelen invertir en la compra de locales comerciales para alquilarlos”.

A las agencias inmobiliarias especializadas en el mercado chino la medida no les va a suponer un gran descalabro. Su razonamiento es que llenarán el hueco con otra nacionalidad. Aunque tampoco creen que vaya a ser la solución al problema de la vivienda. “Hacen mucho ruido porque son una tarjeta de residencia para ricos, pero no van a tener la repercusión esperada”, advierte Jesús Xu Chen, director de operaciones de Bafre Inmobiliaria, con oficinas en Madrid, Pekín y Shanghái. El cliente que busca inversiones a través de esta agencia para obtener el visado suele comprar tres pisos que cuestan entre 180.000 y 200.000 euros cada uno. “Los ponen en alquiler y pagan al contado”, dice Xu Chen. “Gastan lo mínimo, es un perfil que no tiene nada que ver con el latinoamericano”.

En el despacho legal Carbray International, sin embargo, gestionan estos permisos para un inversor con mayor poder adquisitivo. “Compran viviendas de lujo por varios millones de euros y algunos, incluso, piden hipoteca para no descapitalizarse”, indica Lorenia Aquino, directora de negocio y ventas de la firma. En los últimos años, Málaga está en su punto de mira, además de Madrid, Marbella, Barcelona y Valencia. En este caso, buscan viviendas grandes para traer a toda la familia y, de hecho, algunos se decantan por la famosa y lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En la firma de lujo Engel & Völkers los inversores chinos que solicitaron golden visa concentraron sus operaciones en Barcelona. “El tipo de vivienda que compraron fue un piso en el barrio de l’Eixample de unos 120 metros cuadrados y tres habitaciones. El precio medio se situó en 668.000 euros”. Apenas el 2% de todas las operaciones de esta agencia en 2023 fue con visado dorado. Los ciudadanos que más los requirieron provenían de China, Rusia e Irán.

Una medida para mitigar la crisis de 2008

El Gobierno ha iniciado esta semana los trámites para eliminar las golden visa, un instrumento que aprobó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy —regulado en la Ley 14/2013 de emprendedores y su internacionalización— con el objetivo de atraer capital extranjero a España y así mitigar los efectos de la Gran Recesión de 2008. Desde entonces, para solicitar una autorización de residencia en España los extranjeros no residentes en la Unión Europea tenían que hacer una inversión significativa: en inmuebles, en activos financieros o con un proyecto empresarial. Alrededor del 94% de los visados estaba vinculado a inversiones inmobiliarias. De ahí que el Gobierno solo elimine, a priori, estas últimas. España sigue así el camino de otros países como Portugal, Irlanda o Países Bajos, que ya han eliminado el mecanismo tras los reiterados avisos de Bruselas, que considera que constituyen una vía fácil para blanquear dinero negro.

La luz de alarma se ha encendido en España porque en los últimos dos años se han duplicado las concesiones de golden visa por las inversiones inmobiliarias extranjeras. En 2022 se concedieron 2.017 visados, 3.217 en 2023 y en los dos primeros meses de este año ya se han otorgado 424. “En esos dos años se habían concedido un tercio de todos los permisos y se estaba invirtiendo lo más barato, los 500.000 euros, que es el precio que tiene un piso en Madrid para una familia de clase media”, ha dicho esta semana Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en La SER. La ministra es consciente de que esta medida no va a solucionar el problema de la vivienda en toda España, pero sí “donde suponen un 7% o un 5% de las compras”. Se refiere a ciudades como Marbella (7,1%) o Barcelona (5,3%) y algunos municipios de Baleares, donde llegan al 10%.

Sin embargo, varios despachos de abogados que tramitan golden visa a inversores asiáticos coinciden en que las solicitudes han perdido intensidad por el férreo control en el blanqueo de capitales. “Desde hace algo más de un año notamos un veto por el control en compliance y las concesiones han sido a cuentagotas, sobre todo a ciudadanos de China, Turquía, Irán y Rusia”, explican en Carbray International, que ha tramitado más de 200 visados dorados en los últimos cuatro años en España. “Los bancos no quieren inversión china y es más complicado para ellos realizar ciertas inversiones. En los últimos meses se ha detectado una bajada en la inversión china en España, pero también puede ser porque ya han metido mucho dinero”, prosigue Martín.

El anuncio del Gobierno ya ha tenido las primeras consecuencias: “Los clientes que tenían en marcha el proceso de petición del permiso nos han pedido que lo cancelemos porque ya no tienen seguridad jurídica”, apunta Aquino. “Estamos detectando un efecto huida y miedo en todos nuestros clientes y los inversores, hasta el punto de que muchos nos han preguntado si esto afectará de alguna manera a los permisos de residencia por inversión ya concedidos en el pasado”, concluye Martín.

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