España ya cuenta con el aprobado de la Comisión Europea para desplegar todo el plan de recuperación. El Ejecutivo comunitario, después de meses y meses de tira y afloja con el Gobierno español, ha dado luz verde este lunes a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que comporta la concesión de 93.500 millones adicionales de los fondos europeos Next Generation que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Sumados a los 69.500 millones ya aprobados en 2021, el plan español alcanza todo su potencial: 163.000 millones, una cantidad tan grande que equivale al 12% del PIB español de un solo año o muy parecida a lo presupuestado en pensiones contributivas para este año en España. Lo aprobado hoy todavía debe pasar por el Consejo de la UE, es decir, por el resto de Estados miembro, que debe dar también el visto bueno a esta decisión.
En la adenda pactada entre Madrid y Bruselas, hay nuevos compromisos y reformas que España deberá cumplir si quiere recibir finalmente ese dinero, porque, al fin y al cabo, lo acordado hasta ahora es una hoja de ruta para que el dinero fluya a cambio de realizar reformas e inversiones con esos fondos. También hay modificaciones de los compromisos anteriores, en concreto 69 medidas, según el Ministerio de Economía. Por ejemplo, uno de esos cambios es el descarte de los peajes por el uso de carreteras, como adelantó EL PAÍS. A la hora de elaborar el plan los países tenían que cumplir con las recomendaciones semestrales que suele hacer la Comisión. España tenía pendiente una sobre el impulso del transporte sostenible y en la redacción inicial se buscó cumplirla impulsando los peajes, la inflación, el coste de la energía y la contestación social a la medida han llevado al Ejecutivo a negociar un cambio: Madrid se compromete ahora a impulso al transporte ferroviarios de mercancías.
Bruselas justifica las modificaciones, algo previsto en la regulación, por el cambio de las circunstancias que ha habido en los últimos dos años. Señala que ha habido imprevistos problemas en las cadenas de suministro, la invasión de Ucrania o, incluso, consecuencias a largo plazo de la covid-19. También apunta al incremento de precios por el alza de la inflación, lo que habría incrementado la cotización de materiales previstos para cumplir con algunos compromisos. Otra causa aducida son los problemas legales o técnicos que no se contemplaron en la elaboración inicial del plan.
La mayor parte del dinero correspondiente a la adenda son créditos: 83.500 millones. Esta cantidad era la preasignada a España desde que se aprobó el Fondo de Recuperación. El Ministerio de Economía español decidió en un primer momento solicitar solo las subvenciones y esperar a la revisión del plan que tenía que hacerse dos años después para pedir los préstamos. Y eso es lo que ha pasado ahora. Además de esos créditos, también hay 7.700 millones adicionales en subvenciones. Este incremento se debe al peor comportamiento de la economía española en la salida de la crisis que provocó la pandemia. Cuando se creó el Fondo en 2021, se asignaron recursos de forma provisional en función del impacto recibido en 2020 por la covid-19. Esa cuenta se revisó el año pasado en función de la evolución posterior e incrementó el dinero para España. Hay otros 2.600 millones vinculados al plan Repower EU, un programa que Bruselas planteó al poco de comenzar la invasión de Ucrania por Rusia para impulsar la desvinculación de los combustibles fósiles.
Hasta ahora España ha sido el alumno aventajado en el despliegue del plan de recuperación, la medida económica más ambiciosa de la historia de la UE y la estrella de este Ejecutivo comunitario. Es el único país que ha recibido hasta ahora tres pagos, en total 37.000 millones. No obstante, este año todavía no ha solicitado ningún pago, es decir, no ha pedido el cuarto tramo. A partir de ahora que se ha aprobado la adenda que modifica el plan inicial puede hacerlo ya que en ella hay hitos comprometidos para ese cuarto pago que han sido cambiados en esta negociación.
La revisión del plan de recuperación suponer también una reordenación del calendario de pagos que tiene que recibir España hasta 2026, cuando el Fondo de Recuperación deja de estar en vigor. Según lo previsto hasta ahora, a partir de 2024 el Gobierno español se comprometía a solicitar un solo pago al año en 2024, 205 y 2026. Ahora, en cambio, vuelve a plantearse que haya dos cada ejercicio. Además poco a poco irán ganando peso los créditos en los desembolsos, hasta el punto de que en el último de todos, en la segunda mitad de 2026, hay previsto Madrid prevé recibir casi 30.000 millones en préstamos.
Precisamente los préstamos y las herramientas financieras van a ganar mucho protagonismo a partir de ahora el plan español. De los 83.000 millones en créditos, 40.000 los gestionará el Instituto de Crédito Oficial y otros 20.000 millones el Banco Europeo de Inversiones.
Una vez Bruselas ha dado el visto bueno al nuevo diseño del plan de Recuperación se abre la puerta a que España pueda pedir el cuarto desembolso, que hasta ahora estaba a la espera de ver cómo quedaba la adenda. España tendrá que hacerlo rápido pues según la regulación del Fondo solo se pueden solicitar dos pagos por año y Madrid tiene pendiente este año las peticiones correspondientes al cuarto y al quinto desembolso.
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