El gobierno de México está promoviendo una modificación que haría de la Clave Única de Registro de Población (CURP) un sistema obligatorio de identificación digital, incorporando información biométrica como huellas digitales y reconocimiento facial. Esta modificación se plantea como respuesta a la creciente crisis de desapariciones en la nación, pero ha suscitado grandes preocupaciones sobre sus efectos en los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la vigilancia masiva.
El proyecto se propone modificar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para hacer de la CURP biométrica la única forma de identificación oficial, desplazando otros documentos como pasaportes y credenciales de elector. Además, la reforma incluye la creación de una base de datos centralizada que recopilaría información biométrica de toda la población, incluidos menores de edad. El uso de este sistema sería obligatorio para realizar cualquier trámite público o privado, desde abrir una cuenta bancaria hasta acceder a servicios gubernamentales.
A pesar de que la reforma menciona que el consentimiento de los ciudadanos será necesario para la recolección de datos, muchos expertos argumentan que en la práctica, esta medida sería obligatoria, ya que la CURP biométrica sería necesaria para acceder a servicios básicos. Esto plantea un escenario donde las personas no tendrían una verdadera libertad de elección, ya que la negativa a registrarse significaría quedar excluido de los servicios esenciales.
Expertos en derechos digitales y activistas han señalado que la propuesta podría abrir la puerta a la vigilancia masiva y a abusos por parte de las autoridades. En un contexto donde las instituciones públicas en México han sido históricamente vulnerables a la corrupción y la colusión con grupos criminales, el riesgo de que estos datos biométricos sean mal utilizados para extorsión o persecución política es elevado. Además, se teme que la implementación de este sistema podría afectar especialmente a grupos vulnerables, como las personas transgénero o aquellos con huellas dactilares deterioradas, quienes podrían enfrentar problemas para ser reconocidos correctamente por el sistema.
El plan ha sido cuestionado por utilizar el sufrimiento de las familias impactadas por las desapariciones para impulsar una política que, según los especialistas, no ataca las raíces del asunto. En vez de enfocarse en métodos más eficientes para evitar y solucionar los incidentes de desapariciones, la modificación podría servir como un mecanismo de vigilancia masiva de la ciudadanía bajo el pretexto de protegerla.
El uso de las tecnologías biométricas ha generado controversias en diversas naciones. Un caso es el de Venezuela, donde individuos transgénero enfrentaron problemas para obtener productos esenciales porque su aspecto físico no correspondía con sus datos biométricos. Situaciones parecidas se han dado en Chile, donde empleados con huellas digitales deterioradas no fueron reconocidos adecuadamente por el sistema. Estos casos demuestran que los sistemas biométricos pueden presentar errores y, en lugar de ofrecer seguridad, pueden fomentar la exclusión social.
La creciente digitalización de los datos personales, impulsada por la integración de tecnologías de vigilancia, plantea un serio dilema entre la seguridad y la protección de los derechos humanos. Mientras que algunos defienden la reforma como una medida para mejorar la seguridad y prevenir delitos, otros advierten que este tipo de iniciativas puede tener efectos negativos a largo plazo en la libertad individual y en la privacidad de los ciudadanos. Por ello, es esencial que cualquier avance tecnológico en este ámbito sea acompañado de una reflexión profunda sobre los derechos fundamentales de la población, para evitar que se convierta en una herramienta de control en lugar de una solución real a los problemas sociales.
