Ayer inició la fase de consulta para el proyecto del sistema de seguridad social en Panamá. La Universidad de Panamá ha presentado una serie de propuestas que no incluyen aumentos de tarifas ni cambios en la edad de jubilación. De implementarse estas medidas, el financiamiento del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podría incrementarse significativamente, lo que resultaría en un aumento de aproximadamente $22.667 millones en una década y $67.778 millones en 20 años.
El rector Eduardo Flores Castro dictó la conferencia ante la Comisión Legislativa de Salud, donde presentó un análisis realizado por economistas y actuarios de la universidad. Este análisis tiene como objetivo abordar la falta de recursos que enfrenta el IVM, que actualmente necesita 14 mil millones de dólares durante la próxima década.
Las propuestas se centran en cuatro áreas clave: reducir la evasión fiscal, controlar la evasión de contribuciones, aumentar la rentabilidad de los recursos de la Caja de Seguro Social (CSS) y formalizar el trabajo informal. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer el sistema de pensiones sin recurrir a aumentos en la edad de jubilación u otros cambios de parámetros.
Flores destacó que, según la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión fiscal ascendió a $7.832 millones en 2022, lo que representa el 10,2% del PBI. Ante esta situación, la universidad propone una reducción de la evasión fiscal del 1,5% del PIB, lo que podría generar alrededor de $18.101 millones en diez años y $53.709 millones en 20 años.
Respecto a la evasión de tarifas, el Rector mencionó que sólo el 75% de los trabajadores del sector privado están registrados en la CSS, quedando el 25% sin seguro. Incorporar a estos 114.000 trabajadores informales podría generar ingresos adicionales estimados en $2.162 millones en 10 años y $5.921 millones en 20 años.
Además, Flores destacó que la rentabilidad de los fondos de la CSS actualmente es del 4%, mientras que los bancos ofrecen el 8%. Incrementar esta rentabilidad entre un 2% y un 6% podría generar 1.578 millones de dólares adicionales en una década y 2.870 millones de dólares en 20 años.
El rector también mencionó que la formalización de apenas el 10% de los trabajadores informales, desanimados por la burocracia y las dificultades para afiliarse, podría generar ingresos por $968 millones en diez años y $5.278 millones en 20 años.
Por su parte, el economista Juan Jované destacó la incompatibilidad estructural del Proyecto de Ley 163 con las propuestas de la Universidad de Panamá. Explicó que la ley actual prevé la privatización de los fondos de la CSS mediante subcontratación, de modo que el 75% de los fondos puedan invertirse en activos del Tesoro estadounidense y no puedan utilizarse para el desarrollo nacional.
Jované explicó que la universidad logró presentar estas propuestas utilizando sus propios recursos para realizar un análisis comparativo y cuestionó la presencia de ciertos participantes en la sala de debate, sugiriendo que algunos deberían lamentar las reformas de 2005, que, en su opinión, han destruido la sistema solidario.
Las consultas en la Comisión comenzaron a las 10.20 horas y el primer orador fue José Enrique Machuca. A la sesión asistieron alrededor de 24 ponentes, entre ellos el exdiputado Olmedo Guillén, Héctor Baxter, Abelardo Herrera, Raquel Gutiérrez y Sherly Ramos.
Héctor Baxter mencionó en un emotivo discurso que vivió tres días en los que apenas durmió dos horas por la noche. Aunque no era un académico, sintió la necesidad de hablar en nombre de la mayoría silenciosa que anteriormente se había manifestado en las calles y derrotado a las élites.
Sherly Ramos también ofreció una intervención cargada de emoción, preguntando a los diputados y altos funcionarios si alguno de ellos había tenido hambre. “Aquí los presidentes son tratados como dioses, pero son seres humanos con el privilegio de gobernar y deben hacerlo sobre todo en beneficio de los más necesitados”, añadió.
El debate sobre estas propuestas es crucial dado el contexto actual de seguridad social en Panamá y la necesidad de reformas que aseguren un sistema sostenible y justo para todos los ciudadanos. Las opiniones y análisis presentados en este primer día de consulta reflejan la complejidad del tema y la urgencia de encontrar soluciones viables que beneficien a toda la población.
