La cuesta de septiembre será un poco menos dura para los más de 3,3 millones de empleados públicos de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), que verán como sus próximas nóminas de octubre recogen un incremento salarial del 0,5%. Este se aplicará, además, de forma retroactiva desde el pasado enero, según han informado este miércoles el Área Pública de CC OO y la federación de Servicios Públicos del sindicato UGT y
Esta subida de sueldos para los empleados públicos estaba prevista en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CCOO en octubre del año pasado. Dicho acuerdo recoge para 2023 dos incrementos salariales: una subida fija del 2,5%, que ya se aplicó en enero pasado, y dos posibles subidas variables adicionales del 0,5% cada una. La primera estaba prevista si el IPC armonizado de 2022 y 2023 (hasta septiembre) superaba el 6%, algo que —a falta de la publicación del IPC a finales de septiembre— previsiblemente ocurrirá. “Esta subida tendrá carácter retroactivo desde enero consolidable y se hará efectiva en octubre de 2023″, recuerdan en UGT.
La segunda subida salarial incluida en el acuerdo para 2023 se aplicará si el PIB de este año alcanza el 2,1%. La previsión que actualmente maneja el Ejecutivo es precisamente que la economía española crezca en ese mismo porcentaje, algo que comparte la OCDE tras revisar al alza en julio las previsiones de crecimiento para España. Otros analistas, como los de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), estiman en cambio que el avance del PIB podría ser del 2,2% en este ejercicio, lo que activaría el tercer incremento salarial para los empleados públicos en 2023.
Este mismo Acuerdo Marco propició un incremento de los sueldos de estos trabajadores de un 3,5% en 2022 y a las nuevas alzas de 2023 habrá que sumarles las acordadas para 2024; en total recibirán un incremento de sus retribuciones del 8% como mínimo entre los tres ejercicios. Así, para el próximo año, el pacto incluye un nuevo incremento salarial del 2% fijo más otro 0,5% variable asociado al IPC armonizado de los tres años anteriores, que se activará si la inflación entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo (8%). Este incremento también tendrá efectos desde el 1 de enero de 2024, si se produjera, algo que, a fecha de hoy, se presenta más improbable.
En este acuerdo trianual entre el Gobierno, UGT y CCOO se continúa también con la reimplantación de la jornada de 35 horas en las administraciones públicas. Esto está suponiendo eliminar las limitaciones previstas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada Administración, en función de sus competencias, establezca esa jornada para su personal. Se prevé que esta decisión de reducir la jornada se tome tras la correspondiente negociación colectiva en la mesa u órgano correspondiente.
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