El seguro agrario sigue batiendo año tras año récord de siniestralidad. En este ejercicio, con la sequía como principal protagonista, pero también por otros fenómenos como pedriscos, heladas y finamente las lluvias torrenciales, las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en el campo se elevan ya a más de 1.000 millones de euros. La patronal Agroseguro prevé que las mismas podían llegar a los 1.200 millones ante los últimos daños provocados por las danas frente a los 806 millones del ejercicio anterior, un incremento que ronda el 50%. La sequía, especialmente en los cultivos herbáceos, supone un perjuicio que se estima en alrededor de 500 millones de euros.
Frente a esta cifra, las primas recaudadas por las empresas aseguradoras se elevaron a unos 860 millones de euros, por lo que entrará en juego el Consorcio de Compensación. Tanto empresas aseguradoras como el sector primario coinciden en la necesidad de dar “una vuelta” a la política de seguros. Algunas fuentes apuntan a que el debate se podría iniciar en el Congreso Internacional de Seguros Agrarios que se celebra esta primera semana de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Sin embargo, la coincidencia en la necesidad de cambiar el sistema no se traduce en posiciones de consenso sobre cómo hacerlo. En las compañías de seguros ponen el acento sobre el hecho de que fenómenos como los de la sequía se repiten con mayor frecuencia que hace unas décadas, que los siniestros son cada vez más violentos y más extensos; y que además no tienen periodos fijos para su desarrollo. Los productores dicen entender la preocupación de las entidades aseguradoras que ven minado su negocio, pero apuntan que la salida no es encarecer las primas, aumentar las franquicias y reducir las coberturas, lo que estiman que equivaldría a un seguro ficticio. Y en todo el debate deberá fijar también una posición la Administración.
El seguro agrario ha sido y se mantiene como una de las apuestas más importantes de los diferentes Gobiernos. Los fondos públicos para fomentarlo han ido en aumento, tanto por parte del Ministerio de Agricultura como por los gobiernos autonómicos. Las subvenciones medias a las primas se sitúan en el entorno del 50%, si bien las mismas pueden llegar hasta el 70% en el caso de jóvenes profesionales y la cobertura alcanza casi las 400.000 pólizas, un 50% de las cuales se destinan a herbáceos. Pero sobre una producción agraria final de unos 63.000 millones de euros, las producciones aseguradas no llegan a los 20.000 millones.
Por eso, entre los objetivos del proceso de ajuste que ha de llevar a cabo el sector, se cita comúnmente la generalización del seguro en cultivos donde la respuesta actual es escasa. Y también la realización de ajustes técnicos en territorios o colectivos de alta siniestralidad; o para evitar el desarrollo de siembras y plantaciones en zonas donde no se dan las condiciones climatológicas o los suelos adecuados para ello.
Gregorio Juárez, responsable de la política de seguros en la organización agraria Asaja, pide apostar por una mayor universalización de las contrataciones, a través de la rebaja del coste de las primas mediante incrementos de fondos extraordinarios. En caso de confiar la solución exclusivamente a un encarecimiento de los seguros, como sucedió con las plantaciones de herbáceos el año pasado, podría suceder que muchos agricultores dejaran de cultivar las tierras con mayor incidencia de siniestralidad. Y eso, advierte Juárez, supondría un riesgo para el autoabastecimiento alimentario.
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