(CNN Español) — Miles de manifestantes abarrotaron las principales calles de San José, la capital de Costa Rica, para exigir que el gobierno cumpla con destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, obligación que rige desde 2011 con la última reforma del artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica.
Estudiantes, docentes, trabajadores del sector de la educación y sindicatos partieron de diferentes puntos de la capital para marchar hacia la Praça da Democracia e da Abolição do Army, ubicada frente a la Asamblea Legislativa.
La asunción para las universidades estatales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue el punto de partida de la convocatoria, a la que se sumaron otros sectores, con las consignas de una educación de calidad y excelencia.
Eugenia Aguirre, profesora universitaria y una de las participantes.
Miles de personas salieron a las calles del centro de San José para protestar en defensa de la educación pública en Costa Rica y exigir que el gobierno aumente el presupuesto para la educación superior pública. (Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP vía Getty Images)
El Poder Ejecutivo anunció el 13 de junio en conferencia de prensa que este año no transferirá el 1% a las universidades en reconocimiento a la inflación en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), como se había acordado en 2022.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que una disminución en la asunción del Gobierno de la República por estar en trámite por parte de la Asamblea Legislativa les impide otorgar el porcentaje.
En comunicado de prensa, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) señaló que no aceptará que el gobierno transfiera la responsabilidad a la Asamblea Legislativa por no dar ese 1% adicional, que permitiría cumplir con el requisito educativo.
Los sectores participantes en la marcha entregaron un documento a las fracciones legislativas, en el que llamaron a un “concierto urgente de un pacto nacional por la educación pública, que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de la educación pública, que es la base fundamental”. pilar de nuestra democracia”, destaca el pronunciamiento.
