Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, han escuchado el clamor mundial en defensa de la libertad de prensa y permitirán que Julian Assange puede recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos. La causa contra el cofundador de Wikileaks, que sigue encerrado en una prisión de máxima seguridad a las afueras de Londres, se prolongará de este modo durante varios meses y su entrega quedará paralizada, a la espera de que se celebre un nuevo juicio.
La esposa del editor australiano, llegaba poco después de las diez de la mañana (once, en horario peninsular español) para recoger el texto de la sentencia.
Los miles de activistas, Gobiernos e instituciones que habían expresado su apoyo el editor australiano y reclamado su puesta en libertad han respirado algo más tranquilos, aunque siguen denunciando la injusticia que supone mantenerle encarcelado. Decenas de ellso se habían concentrado desde primera hora de este martes ante las puertas del tribunal, en Londres.
La decisión de dar luz verde a la extradición de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida. En manos de los magistrados Sharp y Johnson estaba conceder al editor de Wikileaks una última oportunidad de recurrir su entrega ante la justicia británica, como finalmente han decidido.
El Gobierno de EE UU acusa a Assange 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
La causa de Assange se ha convertido mundialmente en la causa a favor de la libertad de prensa. La presión de la campaña a favor de su liberación no estaba tanto dirigida hacia los jueces que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.
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Assange permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde hace casi cinco años. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente, hasta el punto de que fue imposible que atendiera, ni siquiera a través de videoconferencia, las dos jornadas de la vista sobre su extradición que se celebraron en Londres a mediados de febrero. Cientos de activistas en apoyo del editor y de la libertad de prensa reclamaron frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia su puesta en libertad.
La mujer del preso más famoso de los últimos años, Stella Assange, ya señaló a EL PAÍS, en una entrevista horas después de que concluyera la vista en el tribunal, que la extradición a Estados Unidos era un riesgo para la vida del cofundador de Wikileaks. “Puede morir, porque podría acabar siendo condenado a la pena de muerte. El propio Gobierno británico ha admitido que es incapaz de garantizar que no lo vayan a matar”, señaló la abogada especializada en derechos humanos, que tiene dos hijos de cinco y seis años con Assange.
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