El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves en conferencia de prensa que el país comenzará a multar a los migrantes que ingresen ilegalmente, con sanciones que van hasta los 5.000 dólares dependiendo de la gravedad de la violación. La medida es parte de una estrategia gubernamental más amplia para combatir el creciente flujo de migrantes que cruza el territorio panameño, particularmente en la peligrosa región del Darién que conecta Sudamérica con Centroamérica.
Mulino afirmó: “Cualquier persona extranjera que ingrese al país por tierra, aire o mar violando los controles migratorios será sancionada con multas que van desde los $1.000 hasta los $5.000. Además, el Presidente enfatizó que con una multa los migrantes no pueden salir de Panamá sin antes”. pagando la multa. Esta obligación fue establecida en un decreto ejecutivo publicado recientemente en el Diario Oficial, que también estipula que quienes no puedan pagar serán deportados.
El Presidente enfatizó que estas medidas tienen como objetivo fortalecer los controles fronterizos y disuadir los ingresos irregulares, especialmente en un contexto en el que Panamá se ha convertido en un importante punto de tránsito para los movimientos migratorios hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno reconoció que no todas las situaciones son iguales, y en el caso de los migrantes que cruzan desde la frontera con Colombia por la selva del Darién se tienen en cuenta “condiciones especiales de vulnerabilidad”, por lo que las multas son bajas y asequibles. Esto permitiría a quienes ingresan por canales informales pagar las sanciones antes de salir del país.
El anuncio de estas medidas se produce en un momento en que la migración irregular ha disminuido, aunque sigue siendo un gran desafío para el gobierno panameño. Según cifras oficiales de migración, al menos 285.431 personas ingresaron irregularmente a Panamá entre enero y octubre de este año, una disminución del 38% respecto al mismo período del año pasado, cuando se registraron 457.184 ingresos. A pesar de esta disminución, el flujo migratorio sigue siendo masivo y los venezolanos representan la mayoría de los migrantes, con casi 197.000 personas contabilizadas durante este período.
El gobierno de Panamá ha tratado de regular la situación migratoria a través de acuerdos internacionales. Entre estas iniciativas destaca un acuerdo firmado con la administración de Joe Biden en Estados Unidos que facilita la deportación de migrantes irregulares desde territorio panameño a través de vuelos financiados en parte por Washington. Hasta el momento se han realizado más de 20 vuelos a países de origen, principalmente a Colombia. Además, Panamá deportó recientemente a 130 migrantes de la India en un vuelo que también recibió apoyo financiero del gobierno estadounidense.
El paso del Darién, una de las rutas más peligrosas del continente, sigue siendo el principal punto de entrada de migrantes a Panamá. Esta selva que separa América del Sur de Centroamérica se ha convertido en un corredor migratorio para miles de personas que huyen de la difícil situación económica, política y social de sus países de origen. Aunque muchos migrantes intentan llegar a Estados Unidos, su viaje a través de Panamá ha planteado una serie de desafíos para las autoridades locales, incluidas cuestiones humanitarias y de seguridad.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Mulino son parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tráfico ilegal y fortalecer los controles fronterizos. Sin embargo, estas medidas no están exentas de controversia. Grupos de derechos humanos han señalado que directrices más estrictas pueden aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, particularmente aquellos que pasan por el Darién, donde enfrentan riesgos como violencia, explotación y condiciones extremas.
Pese a las críticas, Mulino defendió la decisión de implementar estas sanciones, argumentando que eran necesarias para garantizar el orden y la seguridad en el país. Según el presidente, las multas tomarán en cuenta el impacto del creciente flujo migratorio en los recursos y la infraestructura de Panamá, al tiempo que promoverán el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
El flujo migratorio multifactorial en la región sigue siendo un fenómeno complejo que afecta a varios países de América Latina y el Caribe. En este contexto, Panamá se ha convertido en un actor clave, no sólo como país de tránsito, sino también como punto estratégico para coordinar los esfuerzos regionales para gestionar la migración. Las cifras actuales muestran que, si bien el número de migrantes ha disminuido, la presión sobre el país sigue siendo significativa, particularmente en áreas como la asistencia humanitaria y la gestión de la seguridad fronteriza.
Al introducir estas multas y deportar a los inmigrantes irregulares, el gobierno espera frenar aún más el flujo de inmigrantes mientras trabaja con países vecinos como Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el desafío persiste y las autoridades deben equilibrar la necesidad de mantener controles fronterizos con la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan su territorio. El Darién en particular seguirá siendo el centro de atención porque representa no sólo una ruta migratoria, sino también un símbolo de las dificultades que enfrentan miles de personas en busca de un futuro mejor.
